ActualidadPenal

Se recurre en Casación de una decisión dictada con ocasión a una incidencia dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia definitivamente firme dictada, por un Tribunal en funciones de Juicio, mediante la cual declaró   Parcialmente Con Lugar  la demanda por reparación de daños e indemnización de perjuicios. Hechos: el  defensor del ciudadano Juan García Fher, interpuso un recurso de hecho ante esta Sala, contra la decisión dictada  el 21 de marzo de 2012,  por  la Sala Accidental N° 67 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, que declaró   INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN    (por no señalar en el escrito del anuncio la cuantía del asunto), propuesto contra la decisión de fecha 20 de julio de 2011, de la referida Sala de la Corte de Apelaciones que   DECLARÓ SIN LUGAR  el recurso de apelación interpuesto contra la decisión dictada por el   Tribunal Primero (1°) de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

Máximas: Y así , comenzará a computarse la prescripción ordinaria de la acción penal desde el día de la perpetración del hecho punible , que en el presente caso es desde el día dieciocho (18) de enero de 2006, debiendo observarse los actos   interruptivos  descritos en el citado artículo 110 del Código Penal. Máximas: Ahora bien, a fin de verificar el tiempo previsto para la prescripción judicial de la acción penal , que en el presente caso, es de cuatro (4) años y seis (6) meses, según lo dispuesto en el artículo 108 (numeral 5) del Código Penal, en relación con el artículo 110   eiusdem , se observa que   la ciudadana   …(sic )..   fue imputada …(sic)…, siendo que dichas oportunidades   deben considerarse, como el inicio del cómputo para la prescripción (extraordinaria o judicial) , por encontrarse a derecho y cumplir con la actividad procesal que le impuso su condición de imputadas. (Ver voto concurrente de Héctor Coronado).

MÁXIMAS: la sentencia de juicio y el fallo aquí recurrido,  se observa en principio que  la fundamentación del fallo condenatorio (ratificado por la alzada), presenta elementos contradictorios, específicamente  entre lo señalado por el Dr.   ANTONIO RODRÍGUEZ  (médico que intervino quirúrgicamente a la víctima en dos oportunidades) y la  Dra.  BELINDA MÁRQUEZ  (anatomopatóloga que realizó el protocolo de autopsia), y así con relación al  hematoma presentado por la ciudadana   JENNIFER   VANESSA MARTÍNEZ CAPRILES  (occisa) en la región hipogástrica surge la discrepancia si éste fue producto de un golpe o de la sutura realizada dos veces en el mismo lugar en menos de veinticuatro (24) horas, EN TAL SENTIDO: egún el dicho del prenombrado médico ANTONIO RODRIGUEZ (corroborado por la declaración de los funcionarios ÁNGEL HERICE, FRANCISCO PÉREZ y ALFREDO AZACÓN, que hicieron el levantamiento del cadáver), la víctima presentaba o no secreción vaginal, al establecerse en la historia  clí

MÁXIMAS. Por su parte el artículo 108 de la misma LOSDMVLV dispone: “Contra la sentencia dictada en la audiencia oral se interpondrá recurso de apelación ante el tribunal que la dictó y podrá ser ejercido dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de la publicación del texto íntegro del fallo.” Siendo así,  el lapso legal establecido en el referido artículo 108 de la ley  (3) días hábiles siguientes , para ejercer el recurso de apelación debía empezar a contarse al día siguiente de la publicación del fallo (artículo 107) ó de la última notificación efectiva de las partes (en caso que  se hiciere fuera del lapso). Así lo ha establecido esta  Sala de Casación Penal, en sentencia N° 306, de fecha 11 de agosto de 2012 , en la cual se expresa lo siguiente: “…En efecto,  el lapso para interponer el recurso contra una sentencia definitiva debe computarse a partir de la publicación de la sentencia, no obstante si el tribunal ordena la notificación de las partes

SENTENCIA RELACIONADA: Importante sentencia de la SCP Numero : 486 N° Expediente : C12-405 Fecha: 17/12/2013, en el Voto Salvado de la Dra. Úrsula Mujica y Hector Coronado relativa al delito de Violación, experticia de ADN y el Principio In dubio Pro reo MÁXIMAS: En este orden, se aprecia que la corte de apelaciones no resolvió motivadamente los argumentos expuestos por los recurrentes en el recurso de apelación, en cuanto a la errónea aplicación del artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como la omisión por parte del tribunal de juicio del examen comparativo e individualizado de los medios probatorios para la determinación del delito de ABUSO SEXUAL CON PENETRACIÓN A ADOLESCENTE, y específicamente con relación al resultado del reconocimiento médico legal realizado a la presunta víctima, pues como se observa del fallo, sólo transcribió los argumentos que expuso el tribunal de juicio en la sentencia condenatoria, para posteriormente

Respecto de la solicitud de medidas cautelares dentro de juicios de amparo constitucional, tal como lo estableció en su sentencia del 24 de marzo de 2000, caso: Corporación L’ Hotels, C.A., el peticionante no está obligado a demostrar la presunción de buen derecho, bastando la debida ponderación por parte del juez del fallo impugnado; mientras que por otra parte, el periculum in mora, está consustanciado con la naturaleza de la petición de amparo, que en el fondo contiene la afirmación de que una parte está lesionando a la otra, o que tiene el temor de que lo haga y, que requiere que urgentemente se le restablezca o repare la situación. De allí, que el juez del amparo, para decretar una medida preventiva, no necesita que el peticionante de la misma le pruebe los dos extremos señalados con antelación en este fallo, ni el temor fundado de que una de las partes pueda causar a la otra lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra, ya que ese temor o el daño ya causado

En tal sentido, esta Sala estima conveniente reiterar la decisión Nº 1.182/00, recaída en un caso muy similar al de autos, vinculada a la materia de usurpación de las funciones que constitucionalmente tiene atribuido el Poder Legislativo Nacional, y en extralimitación de atribuciones vinculadas a estados de emergencia y de alarma, en la cual se señaló lo siguiente: “en el marco de la doctrina y la jurisprudencia patria, para que se configure el supuesto de la usurpación de funciones, se requiere que el órgano o funcionario presuntamente infractor o incurso en dicho vicio, ejerza o haya ejercido funciones o competencias públicas asignadas por la Constitución de la República o las leyes a otro órgano u órganos del Poder Público, sea nacional, estadal o municipal. Ello así, resulta necesario destacar que en criterio de esta Sala Constitucional, en el presente caso, se evidencia del texto de la Constitución del Estado Mérida, aprobada en fecha 7 de noviembre de 1995, publicada en la Gac

MÁXIMA1: Por ello, en primer lugar, debe entenderse que la potestad para asegurar el resultado del juicio por medio de las medidas precautelativas estrictamente necesarias, no puede ser del exclusivo monopolio del Juez de Control, como si se tratara de una competencia específica que fuera monopolizada por un solo tribunal, ni puede entenderse que le ha sido sustraída tal potestad cautelar a los demás Tribunales que intervienen en la realización del proceso penal. El Juez de Control, sin duda, se encuentra expresamente encargado de determinar o modificar o levantar las medidas cautelares que sean necesarias durante la etapa en que el proceso se encuentra a su cargo. Ahora bien, si durante el desarrollo del proceso en fases posteriores a las de investigación e intermedia (que se encuentran bajo la dirección del Juez de Control), se verificaran supuestos ante los que se haga necesario dictar cualquier medida cautelar, entre ellas la privación preventiva de libertad, no podía entender

Este criterio lo encontramos en los votos salvados de la Magistrada  Dra. Úrsula Mujica Sentencia N° 508 del 19/12/2013 S entencia 520 del 20/12/2013 Sentencia 522 del 20/12/2013 Sentencia N° 512 del 19/12/2013 sentencia N° 517 del 20/12/2013

  En efecto, en sentencia número 259 del 3 de julio  de 2013, se señaló lo siguiente: “…En relación con los requisitos que debe contener el recurso de casación la Sala Penal expresó en la sentencia N° 307 de fecha 1° de agosto de 2012, lo siguiente: ‘…la exigencia de los requisitos en la interposición del recurso de casación, demanda precisión en la presentación del mismo, dado a su carácter de extraordinario, no configurando bajo ningún concepto un formalismo no esencial’…”. De la misma forma, es necesario mencionar la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sobre el recurso de casación y la técnica recursiva, estableciendo que: “…En materia penal, el recurso de casación exige el cumplimiento de ciertos requisitos formales imprescindibles y de particular importancia, relacionados íntimamente con su contenido, dado a su ámbito especial y su carácter de extraordinario, todo lo cual comporta cierta precisión procesal en

Hechos denunciados en Casación: “…Se denuncia la grave violación de los derechos fundamentales del acusado quien contando con DOS DEFENSORES PRIVADOS el tribunal de juicio le nombró un DEFENSOR PÚBLICO ante la ausencia del abogado MARIO ALBERTO QUIIJADA RINCÓN, sin pronunciarse sobre la posibilidad de continuar con el abogado defensor EDUARDO ASTERIO DOMÍNGUEZ SOTO, al cual no se le permitió entrar en la sala pues la juez en forma autoritaria y arbitraria designó a un defensor público en contra de la voluntad del acusado quien quería seguir con sus defensores de confianza…”. MÁXIMAS: Al respecto, esta Sala Penal ha señalado que: “…la correcta fundamentación del recurso de casación es indispensable para poder determinar el vicio atribuido a la sentencia y así lo señala el mencionado artículo al establecer que el recurso de casación será interpuesto mediante escrito fundado (Resaltado de la Sala) y el alcance de su eventual nulidad, así como los efectos que tendrá la decisión pron

MÁXIMA: Es criterio reiterado de la Sala de Casación Penal que la sentencia dictada con ocasión del procedimiento por admisión de los hechos tiene carácter de sentencia definitiva, debiendo impugnarse conforme al procedimiento para la interposición del recurso de apelación de sentencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 443 de la ley adjetiva penal, y conforme al procedimiento establecido en los artículos siguientes. De ahí que, en el caso bajo análisis la interposición del recurso de apelación ha debido efectuarse dentro del lapso de diez (10) días hábiles posteriores a la publicación de la sentencia, verificándose que el mismo fue presentado dentro de la oportunidad legal, texto de la sentencia

MÁXIMAS: Siendo necesario resaltar que tal y como dispone el primer supuesto establecido en el encabezamiento del artículo 460 del Código Penal,  existió el secuestro de varias personas, solicitándose a cambio de su libertad una fuerte suma de dinero, y aun cuando los autores del ilícito penal no pudieron concretar la transacción financiera, es evidente que el fin de los captores era la obtención de un monto para la liberación. MÁXIMAS: Relación clara, precisa y circumstanciada : De igual forma, en la narrativa de los hechos admitidos por el ciudadano DEIBIN GREGORIO LUGO PEREIRA, el representante fiscal expuso la forma en que se ejecutó el delito, detallando la actuación de los diferentes partícipes del mismo y la presencia dentro de las víctimas de tres (3) niños. ¿ cumplió el escrito de acusación con la indicación de los preceptos jurídicos aplicables?

HECHO OBJETO DE APELACIÓN: La víctima se contradice en cuanto a la identificación del…imputado, así como el hecho de que la víctima haya falseado la realidad por cuanto mintió al manifestar que había sido violada y no tenía hijos, (cuando declaro) y al ser interrogada por el Representante del Ministerio Público manifestar tener dos (2) hijos, es obligación para el juez al aplicar la norma adjetiva penal que se refiere a la INMEDIACIÓN…que implica escuchar directamente los alegatos en el debate oral y público…apreciando los mismos, observándolas reglas de la lógica, y los conocimientos científicos como experto…tal como lo establece el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal…Si el juzgador valoró y fundamentó su decisión en los supuestos falsos explanados por la supuesta víctima…se evidencia en tal situación que la deponente NANCY JOSEFINA RIVERA trato y logró sorprender la buena fe del Juzgador y continua falseando cuando manifiesta…que fue abusada sexualmente

Las sanciones penales para las empresas y sus directivos derivadas de la relación laboral están establecidas en la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los  Trabajadores y las Trabajadoras (en lo sucesivo LOTTT), en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (en lo sucesivo LOPCYMAT) y en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (en lo sucesivo Ley de violencia de género), las cuales contemplan ilícitos penales que se sancionan con pena de arresto o prisión al empleador o sus representantes. A continuación contestaremos las principales interrogantes que se presentan al abordar este tema:   ¿Cuáles son las conductas imputables penalmente a los empleadores?  La LOTTT contempla importantes ilícitos penales o delitos que conllevan a penas privativas de libertad al empleador o sus representantes cuando incurran en los siguientes supuestos: a. Desacato a la orden judicial de reenganche en el procedimiento de estabilidad

En cuanto a la "Rebeldía o Contumacia" del imputado y/o acusado para comparecer al juicio o cualquier otro acto procesal que requiere de su presencia, la Sala Constitucional en  sentencia N° 730 del 25 de abril del año 2007, que se ratifica en esta sentencia  donde ejerce su Potestad Revisora, señaló: MÁXIMAS.- En efecto, con el objeto de buscar la verdad de los hechos y aplicar una justicia equitativa,  todo Juez penal debe velar para que se lleven a cabo todos aquellos actos en los cuales deben estar presentes las partes, en especial, el imputado o acusado. Así pues, si el acusado se encuentra en libertad y éste no quiere presentarse en la Sala de Juicio,  sin manifestar alguna excusa valedera , el Juez deberá hacer uso de la fuerza pública, aplicando en  forma extensiva  el contenido del artículo 357 del Código Orgánico Procesal Penal, para garantizar la presencia del acusado y evitar que se realice un juicio sin dilaciones indebidas. Ahora,  si el acusado se encu

MÁXIMAS: Finalidad de la fase preparatoria - Práctica de diligencias de investigación ...fase preparatoria o de investigación del proceso penal, que el fin de ésta es practicar las diligencias investigativas dirigidas a determinar si existen o no suficientes razones para interponer acusación contra una persona y, solicitar su enjuiciamiento o en caso contrario, solicitar el sobreseimiento o archivo de la causa. En este sentido se debe entender que la Fase Preparatoria o de Investigación es dirigida por el Ministerio Público y tiene como finalidad, conforme lo dispone el artículo 265 del Código Penal Adjetivo, la preparación del Juicio, mediante la investigación de los hechos en la búsqueda de la verdad, recabando todos los elementos de convicción que sirvan de fundamento tanto a la acusación Fiscal, como a la defensa del imputado. En esta etapa del proceso, la representación Fiscal debe practicar todas aquellas diligencias que estime pertinentes; siendo necesario acotar, qu

SENTENCIA COMENTADA  POR EL ABOG. ROGER LÓPEZ MÁXIMA:  Al respecto, esta Sala en sentencia n.° 1632 del 21 de noviembre de 2011, señaló lo siguiente: “Al respecto, debe afirmarse que en los procesos penales tramitados a la luz de las disposiciones contempladas en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los límites temporales de la fase de investigación se encuentran establecidos en los artículos 79 y 103 de la referida ley orgánica, los cuales establecen lo siguiente: (…) Entonces, de la interpretación armónica del contenido de las normas antes transcritas, se deduce que en las causas penales juzgadas de conformidad con la mencionada ley orgánica, y en las cuales no se haya decretado la privación de libertad contra el imputado o imputada (tal como ha ocurrido en el caso de autos), la investigación estará conformada de la siguiente forma:

En el caso de autos, se observa que la representación judicial de la empresa Hospital de Clínicas Caracas C.A. en la fundamentación de su solicitud arguyó básicamente que le fueron vulnerados los derechos constitucionales de su mandante a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso, además de haberse quebrantado el orden público, al declararse inadmisible el recurso de casación que ejerció contra la decisión del 9 de julio de 2012, expedida por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que –a su vez- declaró inadmisible el recurso de apelación –con fundamento en la letra c) del artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal  (publicado en la Gaceta Oficial de la República núm. 5.930 Extraordinario, del 4 de septiembre de 2009, aplicable  rationae temporis )-  que la misma representación propuso contra el fallo expedido el 9 de abril de 2012 por el Juzgado Vigésimo Séptimo

Ahora bien, en el presente caso la Sala de Casación Penal considera importante destacar que el artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal, estipula la procedencia de los recursos de apelación y casación contra el auto que declare el sobreseimiento; sin embargo, cuando el sobreseimiento decretado, es producto de la ratificación hecha por el fiscal superior de la respectiva circunscripción judicial, previo agotamiento del procedimiento dispuesto en el artículo 323  ejusdem  (procedimiento de ratificación o rectificación), la apelación es inadmisible y la casación resulta inoficiosa, conforme las consideraciones que de seguida se pasan a explicar:

  La presente acción de amparo constitucional tiene como objeto las presuntas violaciones denunciadas por   la Fiscalía Militar Superior del Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal con ocasión de la decisión dictada el 9 de agosto de 2004, por el Juzgado Militar de Primera Instancia del Consejo de Guerra Permanente de San Cristobal, que declaró improcedente la solicitud de sobreseimiento formulada por la representación fiscal en la causa seguida al ciudadano Ricardo Villamizar García. En este sentido, señaló la parte accionante que la decisión accionada vulneró el derecho al debido proceso del Ministerio Público y la titularidad que éste ejerce de la acción penal, pues no le estaba dado al Juez Militar negar la solicitud de sobreseimiento. Así se aprecia que, posteriormente la solicitud de sobreseimiento fue ratificada, motivadamente por  la Fiscalía Superior  y; sin embargo, el juez de la causa, obviando lo dispuesto en el artículo  supra  transcrito, declaró improcedente

Claus Roxin. "El “dominio de la voluntad en virtud de aparatos organizados de poder” es hoy un tema central de discusión de la doctrina penal de la autoría. Esta figura jurídica fue en primer lugar desarrollada por este mi en el año 1963. La misma se apoya en la tesis de que en una organización delictiva los hombres de atrás [Hintermänner], que ordenan delitos con mando autónomo, pueden, en ese caso, ser responsables como autores mediatos, aun cuando los ejecutores inmediatos sean, asimismo, castigados como autores plenamente responsables. En alemán coloquial se designa a estos hombres de atrás como “delincuentes de despacho o escritorio” [“Schreibtischtäter”]. Mi idea era trasladar este concepto común a las precisas categorías de la Dogmática jurídica. La causa inmediata para este empeño fue el recién terminado proceso en Jerusalén contra Adolf Eichmann, un responsable principal del asesinato de judíos en la época nazi. La nueva construcción jurídica se ha impuesto en las décad

______________________________________ En este vídeo, tomado de la película "Esencia de mujer", nos interesa examinar didacticamente un tema de interés procesal para quienes a diario hacemos del juicio oral una forma de vida. Examinemos entonces la oratoria, dominio del tema, expresiones faciales y orales. importante es, como sin el sentido de la vista, el abogado (Defensor, Fiscal o Querellante) puede lograr que su mensaje arrope el interés del Tribunal y del público. Más que palabras, hechos, hagan clic

En el caso de autos se observa que la solicitud fue presentada el 4 de julio de 2013, esto es, al día de despacho siguiente de haberse efectuado la notificación de los solicitantes (3 de julio de 2013, según consta en actas).  Por tanto,  esta Sala considera tempestiva la solicitud presentada al verificarse dentro del lapso legal correspondiente. Así se declara.             Precisado lo anterior la Sala procede a examinar la procedencia de solicitud de aclaratoria presentada. A tal efecto, observa: